Desde hace 48 horas, en los despachos de los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) hay un disco compacto con la ponencia en la que dos de ellos piden abrir investigación formal a la campaña Petro Presidente 2022-2026 por violación de topes electorales, una conducta que es delito penal desde 2017.
El miércoles, 8 de mayo, muy temprano en la mañana, El Tiempo reveló la radicación de la decisión que incluye abrir pliego de cargos contra el presidente Gustavo Petro y el gerente de campaña, Ricardo Roa (hoy cabeza de Ecopetrol).
Vagabundos y respuestas
La medida, que primero deberá ser discutida en la sala plena del máximo órgano electoral –para su aprobación, ajustes o archivo definitivo– desató una nueva tormenta política y jurídica en el país que se unió a la del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) que ya le costó la cabeza a una alta funcionaria del Gobierno e implica a otros más.
Según los magistrados investigadores, Benjamín Ortiz (Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático), hay evidencia para afirmar que la campaña se voló los topes legales en primera y segunda vuelta en 5.355 millones de pesos.
Solo ese dato llevó al primer mandatario a calificar de “vagabundos y politiqueros” a 4 o 5 magistrados del CNE (excluyendo a 3 que hacen parte de la coalición del Pacto Histórico).
“Quieren determinar, como lo han hecho en tantos países de América Latina, que el Presidente de la República, a pesar de haber sido elegido por el pueblo de Colombia, tiene que dejar de ser Presidente”, dijo.
Miembros de su defensa y del Pacto Histórico ya les habían advertido a Ortiz y a Prada que debían remitir las actuaciones en torno al presidente Petro a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, recordándoles que el Congreso es su juez natural. Además, que llevaran de manera pacífica el caso y evitaran filtraciones.
El CNE salió de inmediato a rechazar los calificativos del mandatario de manera unánime. Y en un chat interno se anunció la rotación de la ponencia para su estudio y el análisis de los hallazgos, antes de entrar a votación.
‘Manipulación de datos’
Fuentes del CNE le aseguraron a El Tiempo que dentro del expediente se solicitaron más de 1.500 evidencias, incluidas transacciones bancarias, contratos, información de la Dian y testimonios.
Fueron citados a declarar desde Laura Sarabia hasta Armando Benedetti, pasando por el poderoso contratista Euclides Torres, mencionados en testimonios que la Fiscalía evalúa en el tablero penal.
Los dos últimos guardaron silencio ante el CNE.
Los 5.355 millones de pesos que, según los magistrados investigadores, no fueron registrados en la contabilidad oficial de la campaña tienen origen en hechos que investigaciones periodísticas de El Tiempo y de otros medios ya habían dejado en evidencia.
Las seis cifras gruesas
Donaciones de los poderosos sindicatos de Fecode y la USO, un préstamo del Polo Democrático, pago a testigos electorales, servicios de aviación, cuentas de propaganda en un canal y un evento en el Movistar Arena son los seis más grandes hallazgos.
Pero en la ponencia se habla de conductas como manipulación irregular de información, omisiones y hasta cambios y anulación de facturas que también salpican a la Colombia Humana.
“Si deciden aprobar y compulsar apartes de la ponencia a la Fiscalía, esta deberá establecer si se tipifica alguna conducta cuando se habla de omisiones y manipulación contable”, dijo la misma fuente.
Fecode y manipulación
Esos calificativos se usan cuando se aborda la donación de Fecode. El Tiempo reveló un acta de mayo de 2022, en la que ese sindicato aprobó 500 millones de pesos para la campaña Petro. Además, una escritura con la que, cuatro meses después, la plata se redireccionó a la Colombia Humana.
Al respecto, la ponencia señala: “(…) la fecha de la escritura pública (23 de septiembre de 2022) dista de las circunstancias de tiempo y modo que motivaron la donación, es decir, cuando la misma se protocoliza cuatro meses después de finalizado el certamen electoral e incluso la elección, lo que permite colegir, además de la omisión en el informe de ingresos y gastos de la campaña objeto de análisis, la presunta manipulación irregular de la información”.
Los testigos y el catalán
En el capítulo de los testigos electorales la ponencia también habla de conductas irregulares y allí sale a relucir el rol de uno de los catalanes cercanos a Casa de Nariño: Xavier Vendrell.
El CNE citó a varios coordinadores departamentales y empezaron por mencionar que Vendrell era pieza clave de ese engranaje. Según Cristian Albert Uscátegui, quien estuvo asignado a la vigilancia electoral en Boyacá, se les hizo capacitación virtual y Vendrell era el coordinador a nivel nacional.
“Se nos dijo que nos iban a dar un apoyo económico de viáticos de 60 mil pesos por jornada a cada persona. Cada testigo electoral íbamos a recibir un apoyo económico a través de un giro (…) de 60 mil pesos más. Además de eso, se nos brindaba el tema de alimentación, transporte y comunicaciones”, señaló.
¿Roa, el pagador?
Y agregó: “(…) nuestra referencia de la persona que iba a responder por esos pagos era el director nacional de la campaña, el señor Ricardo Roa”.
La ponencia del CNE señala que los servicios prestados por los testigos electorales –por 931 millones de pesos– tampoco se reportaron. Y sobre el contrato de capacitación añaden que los trabajos se iniciaron el 16 de mayo de 2022 hasta la declaratoria de la Presidencia.
Además, que hay una factura de Ingenial Media SAS cobrando capacitación por 499 millones de pesos. Pero se anuló y se volvió a facturar en septiembre cuando la plata ya había pasado a la Colombia Humana.
La defensa del Presidente y de Roa desestimaron esos testimonios señalando que nunca se pagó a testigos electorales por hacer proselitismo y que provenían de gente que se declaraba molesta porque no les cumplieron.